Venezuela se encamina a un nuevo proceso electoral, esta vez local y regional, en un escenario de cambios en cuanto a las condiciones para garantizar su transparencia, pero aún cuestionados por diversos sectores, debido al momento y a la forma en que ocurrieron estas modificaciones, por lo que las dudas sobre estos comicios se mantienen sobre la mesa.
La designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la disposición a permitir una observación internacional o la habilitación del bloque opositor de Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -inhabilitado desde 2018-, son algunos de los cambios realizados de cara a estos comicios.
Todos ellos demandados en el pasado por la oposición venezolana, pero negados para entonces, bajo argumentos relacionados, en el caso de la MUD, con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y en el resto, vinculados con asuntos diplomáticos o a la falta de tiempo.
La “fragilidad” jurídica
El director de la organización Súmate, Francisco Castro, explicó que algunas de estas decisiones, como la del caso de la MUD, ponen de manifiesto la “fragilidad jurídica del proceso electoral”.
“¿Por qué? Porque esa tarjeta (credencial de la organización) se encontraba inhabilitada como resultado de decisiones asociadas a tribunales del país”, reiteró Castro, quien recordó que primero hubo señalamientos contra el bloque por un supuesto fraude en la recolección de las firmas para impulsar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Y después, por un “asunto asociado a la doble militancia”, es decir, que los partidos que conformaban el bloque no podían ser parte de esa tarjeta y de sus organizaciones al mismo tiempo si querían participar en elecciones.
Entonces, el CNE inhabilitó la tarjeta argumentando que obedecía a órdenes del máximo tribunal del país, pero ahora la institución, bajo el control de tres rectores vinculados al chavismo y dos a la oposición, informó que la credencial está homologada, aunque sin aclarar si hubo algún tipo de ordenamiento del Tribunal Supremo.
Pero, además, la habilitación ocurre en un momento en el que la oposición que se aglutinó en esta gran alianza se encuentra fracturada, con sus líderes más conocidos inhabilitados políticamente o con los partidos más grandes intervenidos judicialmente.
“Aunque, sí, en efecto hay algunas señales que pudieran indicar ciertos niveles de apertura, cuando hacemos los análisis en profundidad nos damos cuenta de que fundamentalmente no se están dando las condiciones para que verdaderamente asistamos a un proceso electoral competitivo”, sostuvo Castro.
¿Participar o no?
Sin embargo, aún con este escenario, hay opositores dispuestos a participar en las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre, en su mayoría, hasta el momento, parte de una nueva alianza surgida entre los partidos más pequeños, exmilitantes de organizaciones que en el pasado habían sido acusados por supuesta corrupción o antichavistas del ala menos radical.
El grupo considera que no se deben abandonar espacios y perder la oportunidad de participar en unos comicios.
Este partido es un ejemplo del complejo panorama electoral. AD formará parte del proceso electoral, pero con la directiva nombrada por el TSJ y no con su junta tradicional. Por ello, la oposición denuncia un “secuestro” o “robo” de sus organizaciones.
También está el caso de Voluntad Popular (VP), el partido en el que ha desarrollado su carrera política el líder Juan Guaidó, que hoy es el centro de nuevas acusaciones por parte del Gobierno, el cual le achaca supuestos planes de “agresión” y “violencia” para desestabilizar el orden.
Uno de sus dirigentes más conocidos, el exparlamentario Freddy Guevara, cercano a Guaidó, fue detenido hace más de dos semanas acusado de estar supuestamente vinculado con grupos paramilitares y con los tiroteos de bandas armadas en el occidente de Caracas.
Son estas situaciones las que ponen a dudar a la oposición que se aglutina alrededor de Guaidó, quien ha señalado en diversas oportunidades que, hasta ahora, en Venezuela no hay condiciones para que se celebren elecciones “libres, justas y transparentes”.
Este grupo político considera que la convocatoria de elecciones se realizó a conveniencia del Gobierno y argumenta que la designación de los nuevos rectores fue “impuesta” por un Parlamento que señala de ilegítimo debido a la forma en que fue electo.
Y sobre la designación de rectores, el director de Súmate recuerda que hubo “irregularidades” en el proceso debido a que sus integrantes tienen vinculaciones políticas, a pesar de que la ley establece que tienen que ser independientes.
Por: Agencias / Foto: Cortesía