Provea pidió este jueves 6 de febrero, al Gobierno de Nicolás Maduro que permita a la activista Rocío San Miguel, detenida hace casi un año, acceder a médicos de confianza para ser operada en libertad de una fractura que según la organización sufrió en el hombro derecho.
A través de X, la organización no gubernamental indicó que San Miguel no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron meses en diagnosticarla, luego de que el abogado de la activista, Juan González Taguaruco, asegurara en diciembre pasado que fue diagnosticada cuatro meses después de que sufriera la fractura, reseñó EFE.
«En reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna. Ella tiene derecho a médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna», agregó Provea.
Provea afirmó que San Miguel es inocente y pidió respeto al debido proceso.
«Hoy el Gobierno de Maduro la acusa de ‘terrorismo’ y ‘traición a la patria’ por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano, donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares», señaló la ONG.
Caída y fractura como consecuencia de una laberintitis
En diciembre pasado, el abogado de San Miguel dijo que la activista sufrió la fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que no fue debidamente atendida y, desde entonces aseguró, se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos.
«Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?», expresó González Taguaruco entonces.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, y acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Maduro.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo entonces que la activista entregó información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países, datos que no precisó
Por Agencia