El fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció en una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público, una serie de acciones que buscan desestabilizar el clima de paz en el país, atacando el Sistema Eléctrico Nacional con un sabotaje que es financiado desde el exterior.
«Se trata de acciones reprochables que han escalado durante este mes de julio, cuando se desarrollarán las elecciones presidenciales. Se trata de grupos que roban materiales estratégicos en zona fronterizas y otros estados del país», dijo el Fiscal.
Saab menciona que el Ministerio Público en conjunto con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha desarrollado las investigaciones contra un grupo de sujetos que tenía como epicentro los estados Mérida y Táchira; además de la ciudad de Caracas.
«Tras reunir suficientes elementos de convicción, se solicitó ante los tribunales competentes órdenes de aprehensión contra Aldo Roso Vargas y Ricardo Alberto Albacete Vidal. Así como órdenes de allanamiento a un inmueble en Caracas; uno en Táchira y uno en Mérida, vinculados a estos ciudadanos mencionados».
Al realizar los allanamientos, se pudo verificar que estos ciudadanos tenían en su poder gran cantidad de material estratégico, perteneciente a Corpoelec; una empresa estratégica del Estado venezolano para ofrecer un servicio básico como la electricidad. «Todos estos elementos están valorados en unos 150.000 dólares», informó el Fiscal.
«Se encontraron, entre otros materiales, aproximadamente 20 transformadores eléctricos pertenecientes a Cadafe (robados del SEN). 500 kilogramos de guayas de alta tensión pertenecientes al Sistema Eléctrico Nacional; aproximadamente 50 pararrayos eléctricos; aproximadamente 250 lingotes de aluminio con un peso de 13 kilos c/u. Para un total aproximado de 3.250 kilogramos. Estos lingotes han sido elaborados con material robado y luego fundido», detalló el fiscal Saab.
Además, dijo que, se tiene por información de inteligencia, los detenidos ‘han recibido financiamiento desde el exterior para sostener la campaña de la extrema derecha y movimientos de desestabilización del país’.
«Quiero destacar la reincidencia de los sectores radicales de la oposición en atacar el sistema eléctrico. Se trata de generar zozobra y malestar en la población para luego utilizar ese malestar políticamente». Es importante señalar que estos delitos revisten mucha gravedad.
Aquellos que son encontrados culpables de estas acciones contra el servicio eléctrico, que afectan también la distribución del agua, se encuentran expuestos a una pena que va desde 20 a 25 años de prisión.
Por: Agencia