Una jueza federal de México concedió la petición de libertad provisional en favor de ocho militares sindicados por desaparición forzada y delincuencia organizada en el contexto del caso Ayotzinapa, denunció este jueves el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en un comunicado difundido en su cuenta de X.
De acuerdo con información recogida por medios locales a partir de fuentes judiciales, la jueza Raquel Duarte Cedillo, adscrita al circuito judicial de Toluca, otorgó el cambio en la medida cautelar de los funcionarios Gustavo Rodríguez, Omar Torres, Juan Andrés, Ramiro, Roberto de los Santos, Eloy Estrada, Uri Yashiel y Juan Sotelo, quienes forman parte de los Batallones 27 y 41 de Infantería del estado de Guerrero.
Duarte Cedillo desestimó los señalamientos de «riesgo alto» de fuga que alegó la Guardia Nacional y dio por buenos los testimonios presentados por los peritos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quienes argumentaron que no existía tal peligro.
Sobre esta base, la togada estimó que la prisión preventiva no era ni idónea ni necesaria ni proporcional y la reemplazó con una liberación condicionada que implica el pago de una garantía de 100.000 pesos (cerca de 6.000 dólares), la comparecencia en el juzgado cada 15 días y la entrega de su pasaporte, así como la prohibición de salida del país y de entrar en contacto con víctimas o testigos del caso.
Segunda vez
Se trata de la segunda ocasión en que la jueza Duarte otorga medidas favorables a los funcionarios castrenses en el marco de las dos causas que se les siguen dentro del caso Ayotzinapa: la primera refiere directamente a la desaparición de los 43 normalistas mientras que la segunda apunta hacia su presunta asociación con el grupo criminal Guerreros Unidos, aparentes responsables del crimen de la llamada Noche de Iguala.
En enero pasado se les otorgaron medidas cautelares semejantes a las que recibieron en esta oportunidad, si bien en aquel momento la fianza se les estableció en 50.000 pesos (unos 3.000 dólares) y también se les prohibió viajar al estado de Guerrero. Empero, debieron volver a prisión el 1 de febrero.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lo sucedido es indicio de que «la Sedena sigue litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos».
«Esto confirma lo que hemos visto los últimos años: el poder militar, sin contrapesos, afecta la justicia y el esclarecimiento del caso», concluye el texto de denuncia.