El anuncio del Ejecutivo de eliminar las exoneraciones y hacer una reforma tributaria causó alarma en el sector privado, el cual asegura que esto traerá consecuencias que podrían llevar al cierre de más empresas dentro del contexto económico que vive el país. Sin embargo, hasta los momentos toda cúpula desconoce a ciencia cierta cuáles son los alcances de este proyecto dado a conocer hace 12 días.
José Javier García, Contador Público, Magister en Finanzas, Abogado y profesor de postgrado de la UCV, recordó que sin duda hay elementos a rescatar de esto porque el Gobierno anunció que después de Carnaval sostendría encuentros con los empresarios a fin de evaluar el tema tributario.
“Es un punto a considerar en el sentido de que cualquier reforma tributaria que se pretenda hacer. Sin duda alguna debe tener el concurso tanto del sector privado como del sector público ya que se busca un aumento de la recaudación y es en el sector privado donde está soportado esa carga tributaria que finalmente repercute en los bienes y servicios que tú y yo pagamos”, indicó el experto tributario a Foco Informativo.
Para el también socio –líder de Servicios Legales y Tributarios PwC Venezuela, en el caso de concretarse esa discusión entre ambos sectores, esta no solo debe girar en torno al impacto tributario, sino que debe considerar elementos económicos y de finanzas.
“Si el estado incrementa la tasa tributaria, eso terminará ahogando a las empresas formales que ya están y que hoy en día tienen una carga tributaria importante y posiblemente motive a que muchas de ellas desaparezcan o decidan irse al sector informal porque efectivamente no pueden no pueden cubrir esa carga tributaria a la cual están expuestos”, indicó.
Agregó que si el Gobierno genera las condiciones en la economía y hace un análisis de los sectores que quiere desarrollar en el país, donde sin duda alguna hay que otorgar beneficios tributarios y financieros como era en el pasado, eso puede ayudar a que la recaudación venga no por el incremento de la tasa sino por el aumento de la base de contribuyentes.
“Esto pasa porque si hay más empresas, que a su vez son rentables y perduran en el tiempo, ellas van a generar rentabilidad y eso se reflejará en el cargo de los tributos, lo cual cumple el objetivo del Estado y a su vez genera un fomento de inversión nacional o extranjera en las distintas áreas que se deba promover, que son muchas”, subrayó.
Al rescate del monotributo
El docente de postgrado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) enfatizó que hay un sector de economía informal “fuerte”, difícil de cuantificar, el cual es necesario atraer a la formalidad.
“En el pasado se habló de un proyecto de ley que tenía un nombre un poco largo, modelo simplificado de tributación, en otras palabras era el famoso monotributo, cuya tarea era atraer hacia el sector formal a los empresarios informales que no estarían sujetos a todos los impuestos a los que está sujeto una compañía porque teóricamente estamos hablando de una organización pequeña, pero empiezas a cobrar una tasa tributaria fija, dependiendo, quizás, de la actividad a la que se dedica o la zona o región”, expuso.
Detalló que tal vez para la aplicación de este monotributo habría que darle un incentivo para atraerlo hacia la formalidad.
“En el pasado parte de la motivación era incorporarlo al sistema de seguridad social, es algo que obviamente hay que evaluar y discutir, pero precisamente creo que esto abre el espacio dentro del diálogo convocado por el Ejecutivo para que se presenten alternativas y propuestas que vayan más de lo tributario y que debe empezar desde la parte económica y financiera”, comentó.
Señaló que el impacto económico y social que genera el incremento o no de una tasa en una empresa que cierra y que deja sin trabajo una cantidad de personas, mientras que si se fomenta la inversión dicha organización se mantiene en el tiempo, con sus puestos de trabajo intactos e incluso se genere un posible incremento en las fuentes de empleo, creando un ejercicio de ganar – ganar para todos los sectores.
Pánico justificado
La ola de pánico generado por el anuncio del presidente Nicolás Maduro, el pasado 19 de febrero, generó una serie de pronunciamientos desde el sector privado, tal y como lo hizo la semana pasada la Cámara de Comercio de Maracaibo, sin embargo, García aseguró que esta alarma es compresible.
“La semana pasada se hizo un evento de perspectivas económicas en el que presentaron una encuesta que preguntaba ¿Cuál era el porcentaje de los ingresos los cancela en tributos? Y la respuesta fue: alrededor de un 47 por ciento. Esta semana un economista señalo que un 60 por ciento de los ingresos se va en impuestos. Nosotros en PwC hicimos un ejemplo y más o menos nos estaba dando un 57 por ciento de las utilidades se va en impuestos producto del sistema impositivo venezolano”, indicó el abogado tributario, quien agregó que esto puede variar también según el sector en el que se desenvuelva la empresa.
A esto hay que sumar que muchas de las empresas formales de Venezuela tienen la calificación otorgada por la administración tributaria que es la de Sujetos Pasivos Especiales o de Grandes Contribuyentes y resulta que en virtud de la formalidades adicionales a deben hacer entre 190 a 200 declaraciones de impuesto al año.
“De acuerdo a algunos estudios de organismos independientes se habla de 990 horas que tendrían que dedicarles las compañías a ese cumplimiento de la carga tributaria. Allí vemos que sin duda alguna no es solamente el tema de la tarifa impositivas, sino que también hay una carga administrativa que representa una erogación fuerte que termina siendo incorporada a la oferta de bienes y servicios”, puntualizó.
García recomendó que en el momento del encuentro entre el Ejecutivo nacional y el sector empresarial, los segundos deban presentar estudios y propuestas.
“No es una carta de deseos en la que el sector privado pida que baje el IVA o el Impuesto Sobre la Renta, o tal vez sí, pero que esté acompañado de un estudio o análisis que evidencie cuál es el posible impacto financiero, económico y de sistemas sociales que puede generar el aumento de una tasa impositiva. Sin duda alguna es necesaria la unión del sector público, privado, academia, estudiosos del derecho tributario, de la economía y de las finanzas para armar un buen equipo que considere y evalúe todos los elementos”, concluyó.
Por: José Manuel Sánchez / Foto: Cortesía