El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela advirtió este 31 de enero que las acusaciones de la Fiscalía venezolana contra la periodista María Sebastiana Barráez Pérez constituyen “un grave atentado al derecho a la libertad de expresión“, la libertad de información y al debido proceso.
A través de un comunicado, el CNP mostró su apoyo a Barráez e insistió en que su labor se encuentra contemplada dentro del ejercicio profesional y protegida por los artículos 3 y 4 de la Ley de Ejercicio del Periodista y por la Constitución del país, publicó Efecto Cocuyo.
“La licenciada Sebastiana Barráez posee una trayectoria intachable como periodista de investigación en la cobertura de la fuente militar, así como hechos de relevancia y sucesos ocurridos en las fronteras de Venezuela, desde hace varias décadas, además de informar asuntos de interés público, sobre instituciones, funcionarios y comunidades, sobre todo en la búsqueda, preparación y redacción de noticias”, señala el texto.
Así mismo, la organización tachó de repudiable la utilización de cualquier mecanismo judicial para perseguir a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humano “sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia”.
El CNP recordó que la Carta Magna del país garantiza la libertad personal en su artículo 44, el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, al acceso a
las pruebas en el artículo 49, la libertad de expresión e información en los artículos 57 y 58 respectivamente y a la protección al honor en el artículo 60.
Qué dijo la Fiscalía
El 22 de enero de 2024, el fiscal general de la República designado por la extinta Constituyente de 2017, Tarek William Saab, anunció órdenes de aprehensión contra 14 personas (militares y civiles), entre los que se encuentra Sebastiana Barráez.
El funcionario los acusó de “traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona de Nicolás Maduro Moros, homicidio intencional calificado en grado de tentativa del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación para delinquir”.
Al día siguiente, la periodista se pronunció y desmintió las graves acusaciones. Apuntó también que se trata de una excusa para hostigar, perseguir y amenazarla.
“… la utilización del poder del Estado, con el objetivo de presionar, castigar a los comunicadores, líderes opositores, defensores DD HH, en función de sus líneas ideológicas, presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, son incompatibles con la libertad de expresión”, apuntó el CNP sobre el tema.
Rechaza ley contra ONG
En su comunicado, el CNP también rechazó la reciente discusión del proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, que afecta directamente a la libertad de asociación en Venezuela (contemplada en el artículo 67 de la Constitución) y el trabajo de los defensores de derechos humanos.
“Nuevamente algunos funcionarios de alto nivel del Ministerio Público y autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos emanados de la Misión Independiente de la ONU, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos, en el sentido de abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión”, reza el comunicado.
Así mismo, se añade que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva N.° 5-85 reconoció expresamente la importancia fundamental de la libertad de expresión y asociación para la existencia de una sociedad democrática en Venezuela, limitada debido a la ausencia de separación de poderes y la falta de Estado de derecho.
“Para hacer viable la democracia que consagra la Constitución Nacional de 1999 en
Venezuela es necesario que la ciudadanía pueda tener un control completo y eficaz de la forma en que se conducen los asuntos públicos y de interés social”, acotó el CNP.
Por Agencia.