El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), extendió hasta el 20 de octubre de 2023 la licencia que impide que los tenedores del bono Pdvsa 2020 actúen en contra de la filial estadounidense de la estatal venezolana Citgo Petroleum Corp.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó, este miércoles 19 de julio, la licencia general número 5L, que sustituye la 5K que había sido emitida en abril de 2023 y que mantenía la protección a Citgo hasta el 20 de julio de este año.
El Tesoro norteamericano explicó que durante el periodo en que esté en vigencia esta licencia está prohibida «la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tiene una participación del 50 por ciento o más».
En marzo pasado, el juez Leonard Stark del Tribunal de Distrito de EEUU en Delaware aprobó iniciar el procedimiento de venta de las acciones de la filial de Pdvsa, al alegar que las sanciones impuestas por el Gobierno norteamericano no impiden que se puedan tomar medidas preliminares hacia la oferta de la participación accionaria de PDV Holding.
Al respecto, la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ratificó que no se puede llevar a cabo un embargo o venta de acciones de la refinería Citgo, hasta tanto no lo autorice la OFAC.
La a decisión del juez Stark obedece a la demanda interpuesta por la canadiense Crystallex, que exige una indemnización de 1.200 millones de dólares por la expropiación de una mina de oro ejecutada en 2010. Esta empresa lleva tiempo buscando el cumplimiento de un laudo arbitral contra Venezuela, en un proceso que ganó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Sin embargo, la nueva licencia prolonga igualmente la suspensión del derecho de los tenedores de los bonos Pdvsa 2020 para tomar control de Citgo, una medida que ha estado en vigor desde octubre de 2019. El abogado y ex procurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández, recordó en su cuenta de Twitter que desde noviembre de 2019 la ejecución de los bonos está diferida por el juicio de nulidad del colateral.
«Hay la creencia de que ´Citgo está protegida por las sanciones´. En realidad, la suspensión de la licencia fue necesaria para demandar la nulidad del colateral. Desde entonces, la ejecución de los bonos está diferida, por acuerdo entre las partes y por decisión del tribunal», indicó.
Por: Agencia