El presidente argentino Alberto Fernández se refirió esta mañana a la situación de los derechos humanos en Venezuela y señaló que ese “problema” estaba “desapareciendo” en la nación caribeña que vive desde hace años una grave crisis humanitaria, política y social sin precedentes.
“Lo digo con mucha franqueza: muchos de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de (Michelle) Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos, pero también trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos. Y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos”, dijo Fernández en declaraciones a una estación de radio de Buenos Aires.
Hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha permitido que se instale una oficina permanente de la ONU en Caracas para monitorear las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que padecen los venezolanos. Incluso los tres funcionarios de Naciones Unidas que están en el país latinoamericano están con sus visas vencidas.
La estadía de estos enviados de Bachelet fue acordada entre la expresidenta chilena y Maduro en 2019, en un intento del régimen para satisfacer a medias los pedidos de la Alta Comisionada que quería la instalación de una dependencia permanente en la capital venezolana. Al no contar con una oficina propia, no pueden manejarse con independencia y deben pedirle permiso al gobierno para cualquier movimiento.
En marzo pasado, luego de su último informe sobre derechos humanos, Maduro quedó «muy molesto» con Bachelet por las denuncias que habían quedado plasmadas en el documento. Por tal motivo, a los tres funcionarios no se les renovó sus visas.
Los últimos informes de las Naciones Unidas redactados por la oficina de Bachelet son contundentes. En el documento dado a conocer el pasado 11 de marzo, la Alta Comisionada se refirió a la violación de derechos humanos en Venezuela. Se registraron “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, de acuerdo al informe.
Bachelet dijo entonces que hasta esa fecha habían recibido denuncias respecto a individuos que han colaborado con su oficina y con la Misión Independiente han sufrido represalias.
“Estamos investigando también estas alegaciones muy graves y en cualquier caso pedimos que cesen inmediatamente y que los responsables sean sancionados”, señaló en aquella presentación la expresidenta chilena.
Horas después de conocida la posición de la ONU sobre Venezuela, el Gobierno de Maduro emitió un durísimo comunicado denunciando la supuesta falta de “objetividad” de Bachelet. “Preocupa que la Alta Comisionada pierda su rigor y objetividad ante la presión de actores anti-venezolanos”, agregó el canciller del régimen Jorge Arreaza.
Por: Agencia