La Fiscalía de Perú formalizó este martes la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo como presunto autor de varios delitos de corrupción durante su Gobierno, después de que el Congreso aprobara el viernes pasado el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.
“La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente de la República Pedro Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado; y presunto cómplice del delito de colusión simple”, anunció el Ministerio Público en Twitter, reseñó EFE.
Esta investigación preparatoria es el paso previo a una acusación por parte de la Fiscalía contra Castillo, puesto que el expresidente ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.
Además, el Ministerio Público confirmó este martes una investigación preparatoria al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, como presunto autor del delito de organización criminal y colusión simple, y contra el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, como presunto autor del delito de organización criminal.
El Congreso de Perú aprobó el viernes el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Castillo por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación (general) contra el exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su fallido autogolpe.
El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
En otras dos votaciones, el pleno del Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 10 de febrero dicho informe, tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, contra el entonces jefe de Estado y sus exministros.
Durante el debate parlamentario, que se extendió por unas cuatro horas, tomaron la palabra decenas de los 130 congresistas que integran la cámara peruana.
Por Agencia