Organizaciones sociales y ciudadanos colombianos denunciaron que civiles armados han atacado a participantes en las protestas contra el Gobierno, al que reclaman el cese de la brutalidad policial y medidas para mejorar las condiciones de vida.
En varias partes del país han surgido denuncias de intimidaciones a manifestantes por parte de hombres armados supuestamente opuestos al vandalismo y en algunas han sido incluso atacados a tiros.
“En estos momentos existen expresiones de violencia que agravan por completo la situación porque no sabemos quiénes son los que amenazan, los que persiguen, los que disparan y los que matan”, dijo a Efe el analista Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia.
El más reciente ataque ocurrió este miércoles en Pereira, capital del departamento de Risaralda, en el Eje Cafetero, donde tres jóvenes fueron heridos de gravedad por desconocidos que les dispararon desde vehículo.
El caso más delicado es el de Lucas Villa, estudiante universitario de Ciencias del Deporte que recibió ocho balazos y está en estado crítico en un hospital de Pereira.
Las otras dos víctimas del ataque fueron otro estudiante y un vendedor informal.
Las víctimas participaban pacíficamente en un plantón en el Viaducto César Gaviria, que une a esa ciudad con la vecina Dosquebradas.
La Defensoría del Pueblo informó el miércoles de al menos 24 homicidios durante las protestas. Sin embargo, la Fiscalía determinó que “11 muertes violentas se dan por ocasión de esas manifestaciones, siete están en verificación y seis homicidios no tienen vínculo” con las protestas.
Sin embargo, organizaciones sociales y ONG que documentan casos de brutalidad policial, como Temblores, aumentan esa cifra a 37 homicidios por parte de la Policía, en hechos ocurridos entre el 28 de abril -cuando comenzaron las manifestaciones- y el 5 de este mes.
Brotes de vigilantismo
Libreros asegura que cuando no se impone el uso legítimo de la fuerza de forma concomitante con la vigencia de los Derechos Humanos y cuando no se tiene la capacidad para determinar quiénes son los que toman las decisiones y mueven los hilos que agitan el vandalismo, surgen situaciones como el “vigilantismo”.
“Algunos ciudadanos con intenciones reprochables se creen dueños de la seguridad y la justicia y empieza el brote del vigilantismo que ha dejado una huella pavorosa en toda América Latina y que en última instancia se convierte en la semilla del paramilitarismo”, explica el catedrático.
Agrega que esos ataques los llevan a cabo personas que a título propio o representando intereses de terceras personas se convierten en vigilantes o en personas que están “dispuestas a eliminar a todo aquel que consideren ellos enemigo”.
“Eso es un cóctel explosivo que ha dejado una huella pavorosa en Colombia por cuenta del conflicto armado y que en algunas oportunidades (son) expresiones de violencia urbana como aparentemente está ocurriendo en este caso (el de Pereira)”.
El Estado debe actuar
Para Libreros, el Estado está llamado a actuar en estas situaciones y debe garantizar la vigencia del Estado de derecho, los principios relacionados con las garantías de la convivencia y la seguridad ciudadana.
“Debe intervenir con el aparato de seguridad y justicia para identificar quiénes son las personas que aparentemente están violando los derechos de los ciudadanos para que estos sean judicializados”, apostilló.
Igualmente, debe prevenir este tipo de gérmenes relacionados con el “vigilantismo o el paramilitarismo” y velar porque los ciudadanos tengan la libertad de ejercer la protesta pacífica.
Por Agencia