El relator de la ONU para el derecho al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, instó al Gobierno de Perú a abordar el problema del envenenamiento de las aguas con vertidos tóxicos y metales pesados que están afectando la salud de diez millones de peruanos.
Para el experto, estos problemas «tienen su raíz en acciones y omisiones a lo largo de décadas» y está comprometiendo la salud de las futuras generaciones.
Arrojo-Agudo señaló que los estándares internacionales de derechos humanos en materia de agua potable se incumplen a menudo en Perú pese a estar reconocidos en su Constitución.
«Un ejemplo dramático es el de la ciudad de Cajamarca, donde el 70 % de la población bebe agua utilizada previamente por una empresa minera», especificó.
El experto destacó la necesidad de «cambiar los enfoques tradicionales del agua como puro recurso productivo» por «otros enfoques ecosistémicos, sostenibles y basados en derechos humanos».
Para ello, el relator de la ONU pidió una gestión integrada del agua en Perú «que permita superar la dispersión de competencias, reforzando las capacidades municipales y comunitarias en la gestión de los servicios de agua y saneamiento».
Durante su reciente visita a Perú, que aconteció en medio de una grave crisis política en el país, Arrojo-Agudo mantuvo encuentros con representantes del gobierno, la sociedad civil, los pueblos indígenas, los campesinos y las autoridades locales.
El experto presentará ante el Consejo de Derechos Humanos un informe completo con sus recomendaciones para Perú en septiembre de 2023.
Por: Agencia