El embajador de EEUU designado en Venezuela, James Story, se reunió con un grupo de miembros de la oposición venezolana en Panamá el mes pasado, donde les recomendó que abrieran negociaciones con las entidades que tienen reclamaciones contra PDVSA Holding Inc. la empresa matriz de Citgo, según cinco fuentes conocedoras de las conversaciones.
Citgo es administrada por la oposición porque Estados Unidos la reconoce como gobierno interino de Venezuela.
La negociación con los acreedores podría desbaratar un plan de venta de PDV Holding. En octubre, un juez estadounidense aprobó el proceso de licitación para la venta pública de la empresa con el fin de pagar los 1.000 millones de dólares que se le deben a Crystallex, una empresa canadiense cuyo yacimiento de oro en Venezuela fue confiscado hace una década.
La venta no puede seguir adelante por ahora, ya que Citgo está protegida por el gobierno estadounidense, pero el juez fijó un plazo de seis meses para el proceso.
En las reuniones, Story sugirió que la directiva ad-hoc utilizara el flujo de caja de la refinería para ayudar a saldar la deuda, según las fuentes, que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto, según Bloomberg.
La compañía, con sede en Houston, registró unos ingresos netos de mil 300 millones de dólares en el segundo trimestre. Se espera que publique los resultados del tercer trimestre próximamente.
Horacio Medina, jefe de la junta directiva ad hoc de PDVSA, designada por la oposición, dijo que la empresa está abierta a explorar opciones con los acreedores, pero se negó a dar detalles sobre si planea negociar. Ha contratado a JPMorgan Chase & Co. como asesor.
Un abogado que representa a Crystallex en el caso contra PDV Holding dijo que la empresa está abierta a las discusiones.
«Crystallex siempre ha estado dispuesta a encontrar una solución que evite la venta de Citgo para satisfacer su sentencia. Desafortunadamente, desde que las sanciones de EEUU están en vigor, Venezuela no se ha comprometido con Crystallex para discutir tal solución», dijo Rahim Moloo, un socio de Gibson Dunn, en un comunicado respondiendo a las preguntas.
Si la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro permite una venta, un juez especial designado por el tribunal lanzará un proceso de licitación para vender tantas acciones como sea necesario para satisfacer la sentencia. Sin embargo, es probable que los posibles compradores estén interesados en no menos de una participación mayoritaria de PDV Holding.
La oposición de Venezuela tomó el control de PDV Holding después de que la administración de Trump reconociera a Juan Guaido en 2019 como líder interino del país, rompiendo los lazos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El único activo de PDVSA son las acciones de Citgo, una empresa con tres refinerías, seis oleoductos y miles de empleados.
Los tenedores de bonos impagados que fueron emitidos por la petrolera estatal venezolana, PDVSA, tienen un derecho de retención sobre el 50,1% de las acciones de Citgo. La validez de esas reclamaciones está en disputa después de que la oposición venezolana apelara una decisión que decía que el fideicomisario de los bonos podía pasar a cobrar la garantía. El proceso se encuentra actualmente ante el más alto tribunal de Nueva York.
Los bonos, con vencimiento en 2020, cotizan en torno a los 18,5 centavos de dólar, según datos recopilados por Bloomberg, frente a los cerca de 28 centavos de principios de año.
La petrolera ConocoPhillips también quiere cobrar por una posible venta de Citgo. La empresa con sede en Houston ganó una demanda en 2013 por la expropiación de sus activos en Venezuela por parte del difunto expresidente Hugo Chávez. Otra serie de acreedores, desde tenedores de otros bonos impagados hasta empresas expropiadas a las que nunca se les pagó, también han introducido demandas pero aún no tienen un derecho de retención sobre PDV Holdings para recuperar lo que dicen que se les debe.
La oposición venezolana controla Citgo mientras Estados Unidos mantenga el reconocimiento de Guaido como líder legítimo del país. Sin embargo, la junta directiva designada por su equipo para gestionar la empresa no puede entablar negociaciones si no es aprobada previamente por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, un obstáculo adicional para avanzar en el proceso.
Por: Agencia