Dulce María Ramos Linares, de 45 años, tiene miedo de morir en prisión. Un año después de ingresar en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas San Carlos de Zulia, municipio Colón, al sur del Lago del estado Zulia, sus senos empezaron a agrietarse. La detenida denuncia que no ha tenido la asistencia médica que requiere y que por falta de dinero para cancelar los traslados al Hospital de Mérida no ha podido hacerse un estudio para descartar el cáncer de mama.
A Ramos la privaron, el 9 de mayo de 2019, de libertad preventivamente por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir por orden del Tribunal Tercero de Control y le asignaron la causa penal Nº C03-57323-2019. Ella se declara inocente.
Brevemente recuerda que su pareja, para ese entonces, Raúl Higuera la invitó desde Carabobo, donde residía con sus hijos; hacia el estado Zulia.
Preparó su equipaje y el de su hijo de dos años. En una alcabala del Destacamento 115 de la Guardia Nacional Bolivariana, los detuvieron, los guardias le pidieron alejarse de la camioneta 50 metros mientras revisaban el vehículo, detalla Una Ventana a la Libertad.
“Yo me fui a comprar un agua para mi hijo, y al regresar tenían a mi pareja esposado a un tubo. Los funcionarios nuevamente me dicen que me aleje y me senté a esperar. Desconocía lo que estaba pasando. Ya en la noche me dijeron que yo también estaba detenida y a las pocas horas me trajeron privada al retén”, explicó Ramos.
Con el arribo de la Revolución Judicial al retén, su pareja asumió su responsabilidad, lo condenaron a 10 años de prisión y el pasado 31 de agosto lo trasladaron hasta la cárcel de Coro.
“Yo no me quise declarar culpable, todos los testigos y quienes levantaron el procedimiento defendieron mi inocencia. Me fui a juicio, ahora me dicen que si no asumo hecho, podrían darme hasta 20 años de cárcel”, denunció la privada de libertad.
Ramos asegura que está en el grupo de foráneos que no recibe visitas, no tiene como alimentarse y mucho menos como pagar medicamentos. “El tribunal está de vacaciones, pero cuando regrese a la audiencia debo asumir. Yo no quiero lanzarme por un barranco, yo soy inocente, si no me hubiese escapado, tuve la oportunidad y nunca lo pensé”.
La privada de libertad quiere poder tener un diagnóstico certero de lo que tiene. “Los senos se endurecen, me duelen las axilas, los pezones, me botan pus. Se me ponen en carne viva. Me solicitaron una mamografía, pero debo pagar la gasolina de la patrulla, a los funcionarios de la custodia, ver si el día que puedo pagar todo eso, en el hospital hacen ese estudio. No tengo dinero para eso, aquí vivo de la caridad de las compañeras”.
Ramos asegura que desde abril de 2022 busca la manera de cómo costearse los estudios, pero es imposible en prisión. “Hasta las medicinas son caridades que consigo con terceros. Yo pienso es mis hijos. La mayor se tuvo que hacer cargo de todo, yo salí por unas horas y desde hace más de tres años que no los veo”.
Por: Nota de Prensa / Fotos: Cortesía