Una campaña hiperpolarizada, un triunfo por la mínima y una ofensiva legal que alegaba un fraude electoral presagiaban una estabilidad endeble para Pedro Castillo, quien hace un año fue proclamado presidente electo de Perú y, desde entonces, ya suma cuatro gabinetes ministeriales, dos intentos de destitución parlamentaria y dos investigaciones en su contra.
El 19 de julio de 2021, el tribunal electoral peruano proclamó ganador de la segunda vuelta presidencial al maestro de escuela rural que se impuso por sorpresa, y por apenas 44 mil votos, a su rival en las urnas, la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Lo hizo en una solemne ceremonia virtual, celebrada cinco semanas después del escrutinio oficial, el lapso más largo de los últimos 40 años, dilatado por una andanada de impugnaciones y maniobras legales del fujimorismo, que denunció sin pruebas fehacientes un supuesto fraude para evitar su tercera derrota consecutiva en unos comicios presidenciales.
La estrategia, que emulaba la vía del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, fracasó en la práctica, pero logró que su tesis calara en un sector de la opinión pública que salió a las calles a exigir nuevas elecciones.
La llegada al sillón presidencial de Castillo, un hombre de origen campesino y ajeno a la política tradicional limeña, desafiaba el «statu quo» político y cuestionaba al poder establecido al reivindicar a los sectores históricamente relegados de la sociedad peruana.
Muchos advirtieron que el líder sindical convertiría al país en «otra Venezuela», llevaría al colapso económico y a la cleptocracia del partido Perú Libre, autodefinido como marxista-leninista, que lo llevó al poder y al que renunció en junio pasado tras ser acusado de implantar un «programa neoliberal perdedor» y promover la fractura interna de su representación parlamentaria.
Desgaste legislativo
A Castillo, las crisis lo asedian desde incluso antes de asumir la Presidencia el 28 de julio del año pasado. Desde entonces, los temores a una toma de poder comunista y autoritaria se desvanecieron. Pero, en cambio, sí se concretaron las sospechas sobre su incapacidad de encauzar al país en la senda de la gobernabilidad.
Los errores y escándalos han sido constantes en su primer año de gestión, lastrado por la inestabilidad de un Gobierno que ya acumula cuatro gabinetes ministeriales distintos y un desgaste parlamentario que tampoco le da tregua.
El periodo legislativo que lideró la conservadora María del Carmen Alva, y que culminó el pasado 15 de julio con una desaprobación del 79 % -incluso mayor al rechazo que causa Castillo (74 %)-, sumó dos intentos fallidos de destitución presidencial, 25 altos funcionarios interpelados y cuatro ministros censurados en menos de un año.
El último revés de esta legislatura ordinaria se selló el viernes pasado, cuando el pleno del Parlamento aprobó un informe que recomienda acusar constitucionalmente al presidente por un presunto caso de corrupción que ya está en manos de la Fiscalía.
Ahora está por ver los nuevos pasos que dará el Congreso con la mesa directiva renovada, aunque el panorama se prevé sombrío para el jefe de Estado, cada vez más solo y debilitado.
Cerco judicial
A todo esto se suma el cerco judicial sobre el mandatario, que se ha estrechado más que nunca en las últimas semanas. El miércoles pasado, la Fiscalía de la Nación anunció que decidió abrir una investigación preliminar en su contra por presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Se trata de la segunda acusación fiscal contra Castillo, la primera por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en el Ejecutivo para obtener beneficios ilícitos de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En esta presunta trama de corrupción están implicados, entre otros, el exministro Juan Silva, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y un sobrino del mandatario, quienes actualmente se encuentran prófugos de la Justicia.
Por si fuera poco, el entorno del jefe de Estado salió recientemente salpicado por otro escándalo que involucra a su cuñada Yenifer Paredes, la hermana de la primera dama Lilia Paredes, a quien la pareja presidencial crio como una hija.
Tráfico de influencias
Contra esta joven, de 27 años y actualmente en paradero desconocido, el Ministerio Público abrió una investigación por presunto tráfico de influencias, luego de que un reportaje periodístico difundiera un video en el que supuestamente aparecía ofreciendo una obra de saneamiento a los pobladores de una comunidad del distrito de Chota, de donde es oriundo el mandatario.
Castillo se acerca así, en plena caída libre, a cumplir un año en el Palacio de Gobierno, mientras se intensifican cada vez más las demandas (y motivos) de la oposición para que renuncie o, al menos, considere plantear un adelanto de elecciones, que la ciudadanía exige que comprenda a toda la clase política.
Por: Agencia