El abogado, activista y miembro de la directiva de Provea, Marino Alvarado, aseguró que la nueva resolución, impuesta por el gobierno venezolano, pide información confidencial, como nombres y direcciones, de las víctimas y beneficiarios de las organizaciones civiles.
“La resolución del Gobierno es la continuidad de un cerco a las organizaciones de la sociedad civil, no solo de Derechos Humanos, sino el conjunto de la sociedad, a quienes cada vez se le ponen más trabas para hacer su trabajo y ayudar”, indicó.
Aseguró que el Estado venezolano coopera con organizaciones no gubernamentales en el exterior, pero quiere impedir que eso ocurra acá.
“Con esta medida Fe y Alegría, por ejemplo, está siendo colocada como sospechosa y su trabajo claramente es educar a niños de sectores populares”, afirmó durante una entrevista con el periodista Román Lozinski.
Denunció que esta resolución vinculada a la oficina de control de terrorismo, criminaliza la cooperación internacional, afecta directamente a todos los beneficiarios y los pone de sospechosos de actos vandálicos.
“Nuestros beneficiarios son aquellos a los que entes de seguridad les han hecho una detención arbitraria o abusado de ellos, organizaciones sindicales a las que le damos asesoría, a los grupos en sectores populares donde damos talleres a favor de los DDHH”, resaltó.
El abogado señaló que las ONG se reunieron para dar un pronunciamiento conjunto, donde habrá puntos que no serán negociables como la entrega de nombres de los beneficiarios.
“No podemos dar los nombres de los beneficiarios, no es solo ética, es responsabilidad, pondríamos en riesgo a miles de personas porque algunas de estas organizaciones dan alimentos, otras cooperan en el área de educación, otras en salud”, añadió.
Y aclaró que en el caso de Provea “jamás” dará información de las personas que son beneficiarios nuestros “¿Cómo le voy a dar al Gobierno los nombres de gente que denuncia a la Faes?”, cuestionó el abogado.
Según disposición del Ejecutivo nacional las ONG venezolanas deberán inscribirse en el registro de la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial N° 42098 de fecha 30 de marzo de 2021, providencia N° 001-2021.